Tarifazo: otra vez llegaron los que confunden una protesta con acto de campaña
El alza de la tarifa en el transporte público pega directo; no solo encarece el traslado, sino que mantiene intactas las condiciones que ya eran insostenibles.
Para quienes usamos el transporte en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el enojo es generalizado. No se trata solo del dinero, que ya de por sí es bastante; es la acumulación de violencias cotidianas: largas esperas, rutas saturadas, incertidumbre en la frecuencia y trayectos que devoran el tiempo de las y los usuarios.
El pasaje que se mantuvo en 9.50, pero que en la práctica cobraba 10 pesos en efectivo, ahora, a través del Comité Técnico Tarifario del Transporte Público de Jalisco, aprobó la actualización de una tarifa de 14 pesos, sin que esto se traduzca en mejoras sustanciales. En rutas que conectan municipios como Tlajomulco, Tonalá o El Salto, los traslados cotidianos siguen oscilando entre 60 y 90 minutos, con unidades saturadas, frecuencias irregulares y condiciones desiguales. La experiencia diaria es conocida: camiones que no pasan a tiempo o dejan de pasar, intervalos largos entre unidades, filas extensas, sobrecupo y trayectos fragmentados que obligan a múltiples transbordos.
A esto se suma la narrativa institucional que propone supuestas soluciones tecnológicas mediante la tarjeta única, impulsada por el gobierno de Pablo Lemus, presentada como una modernización del transporte público. En los hechos, opera como un mecanismo de bancarización obligatoria a través de una plataforma digital centralizada: Broxel, una fintech que no es un banco y que concentra infraestructura de pagos y manejo de datos financieros bajo un único operador privado para funciones públicas. Se trata de un modelo que centraliza información de movilidad y consumo, mantiene opacos los costos de operación, las comisiones y los esquemas de administración. El proyecto terminó convirtiéndose también en símbolo de una profunda distancia social cuando el gobernador afirmó que con ella “incluso podrías comprar un café en Nueva York”. La frase parece anecdótica, pero revela una forma de entender la realidad profundamente alejada de quienes destinan una parte creciente de sus ingresos al transporte cotidiano. Es lo que Pierre Bourdieu describía como violencia simbólica: la capacidad de imponer marcos de sentido que presentan como razonables desigualdades que benefician a unos y afectan a otros.
Lo que está en juego no es solo la tarifa. Es la vida. Dos horas diarias de traslado, esto cuando todo funciona. Si llueve, si falla una ruta, si una unidad no pasa, el día se desarma: llegadas tarde, pérdidas de ingreso, reacomodo de cuidados, descanso que desaparece. El transporte no solo mueve cuerpos; organiza la vida cotidiana y, en estas condiciones, la desgasta.Desde ahí, la sociedad se organiza y sale a la calle.
Pero al mismo tiempo, la coyuntura abre otra escena: los perfiles con cargo, o que buscan conservarlo o alcanzarlo, aparecen ante redes y cámaras posicionándose desde el “no al tarifazo”. ¿Y qué hacen desde su función, desde su municipio? Tomarse fotos con la manta, colocándose dentro del encuadre de la protesta o, peor aún, junto a personas adultas mayores y otros sectores vulnerables. Todo esto mientras construyen presencia en redes y medios.
La pregunta no es si deben pronunciarse. Atender este tipo de demandas forma parte de las responsabilidades de quienes ocupan cargos públicos. La pregunta es otra:
¿quiénes se suman a la exigencia social y quiénes encuentran en ella una oportunidad de posicionamiento?
¿Para quién la coyuntura se vuelve útil dentro de sus propios procesos de construcción política, especialmente en momentos donde se reacomodan fuerzas al interior de los partidos?
Joel Glez.
Coordinación Editorial Vertientes
Para todos todo, para nosotros nada, como principio que cuestiona quién se beneficia cuando lo colectivo se vuelve visible.
Los que administran el poder y los que defienden la vida
Hay algo profundamente ridículo en la conversación política mexicana. Mientras dirigentes partidistas se acusan mutuamente de compra de votos, corrupción y trampas electorales, el territorio nacional está siendo reordenado a una escala pocas veces vista en décadas. Y casi nadie habla de ello. O peor: se habla como si fuera un costo mínimo necesario para alcanzar el progreso, el desarrollo o la transformación.
Claro que existe la corrupción. Claro que existen las redes clientelares. Claro que existe el nepotismo. Basta observar cualquier municipio para ver cómo se reacomodan los grupos políticos cada vez que cambia la expresión dominante del poder. Cambian los nombres, cambian los colores e incluso, dentro del mismo color, cambian las corrientes y cambian los beneficiarios. Nada de eso debería sorprender a nadie. Esa ha sido durante décadas la normalidad de la política mexicana.
Lo que sí resulta sorprendente es la obscena desproporción entre la magnitud de los problemas que enfrentamos y la pequeñez de la conversación política nacional.
Durante días se discute quién ganó una elección. Se discute quién perdió, quién compró votos y quién tiene autoridad moral para denunciarlo. Ahí están las declaraciones después de Coahuila, los señalamientos cruzados y los discursos de indignación selectiva de dirigentes partidistas acusando prácticas que sus propias organizaciones han ejercido durante décadas. Como si el problema de México fuera únicamente quién administra el poder y no aquello que se está haciendo con él.
Mientras tanto, avanzan los proyectos de amoníaco y metanol en Topolobampo. Se expande la infraestructura portuaria en Manzanillo. Se consolida el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Se multiplican los llamados polos de desarrollo en distintas regiones del país.
Los grandes proyectos rara vez se instalan donde viven quienes los diseñan, quienes los financian o quienes se beneficiarán económicamente de ellos. Se instalan en comunidades indígenas, comunidades pesqueras, costas, selvas, manglares y pueblos que históricamente han cargado con el peso de decisiones tomadas lejos de ahí.
Llegan a territorios que durante décadas han sido tratados como zonas disponibles para el sacrificio en nombre del progreso de otros.
Son las tierras indígenas. Son los bosques. Son los ríos. Son los manglares.
Siempre hay un territorio disponible para el desarrollo de alguien más.
Y como si no hubiera sido suficiente con siglos de despojo, ahora también se criminaliza a quienes levantan la voz. Ahí está el caso de Playa Cocinas, en Nayarit, donde personas defensoras del territorio enfrentan procesos y denuncias por oponerse a proyectos que afectan bienes comunes. Cuando defender una playa, una costa o un ecosistema termina convirtiéndose en motivo de persecución, la discusión deja de ser ambiental. Se convierte en una discusión sobre poder.
Porque la pregunta ya no es únicamente quién se beneficia económicamente de estos proyectos. La pregunta es quién tiene derecho a decidir sobre el futuro de un territorio y quién carga con las consecuencias cuando las decisiones se toman desde escritorios lejanos.
Parece que hay gente tan preocupada por mantenerse cerca del poder que ha dejado de darse cuenta de que el mundo que pretende gobernar se está desmoronando.
Mientras discuten candidaturas, encuestas, dirigencias y posiciones, continúan desapareciendo manglares, avanzan proyectos sobre territorios indígenas, se criminaliza a quienes defienden bienes comunes y se sigue llamando progreso a procesos que demasiadas veces significan despojo para otros.
¿Progreso para quién?
¿Desarrollo para quién?
¿Transformación de qué?
No vamos a respirar petróleo. No vamos a comer amoníaco.
Y ninguna elección será más importante que las condiciones que hacen posible la vida.
Tal vez la pregunta ya no sea quién ganó la última elección.
Tal vez la pregunta sea cuánto más estamos dispuestos a perder antes de entender que la defensa del territorio es, en el fondo, una defensa de la vida.
Noemí Vidal.
Coordinadora General Vertientes.
“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.”— Eduardo Galeano